domingo, junio 07 de 2020

Datasketch

Mayo 04, 2020

Colombia abrió las puertas a la adjudicación sin concurso y a la modificación de contratos

El gobierno declaró el Estado de Emergencia el 17 de marzo de 2020 y autorizó el procedimiento de contratación directa para las compras de bienes y servicios de emergencia de COVID-19. Al mismo tiempo ha autorizado la posibilidad de realizar adendas y modificar los contratos. Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA).

Juliana Galvis

Juliana Galvis

@GalvisNieto

Colombia declaró el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional el 17 de marzo de 2020, y con ello abrió la puerta para que el gobierno pueda impulsar decretos con rango de ley. Una de las primeras medidas fue autorizar a las entidades públicas a contratar directamente con empresas o personas, y adicionar o modificar los contratos sin limitación a su valor.

 

El Decreto 512 faculta a “los gobernadores y alcaldes a realizar las adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, únicamente para efectos de atender la ejecución de los recursos que, en el marco de sus competencias, sean necesarios para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

 

Abelardo Gómez, director de La Cola de la Rata, medio que ha investigado la corrupción especialmente en el departamento de Risaralda, señala que esta norma implica que la contratación directa a pesar de ser un mecanismo que ayuda a agilizar los procedimientos de la contratación, desgraciadamente ha indicado un posible manejo de presupuesto público con pretensiones no muy sanas: “Nos hemos dado cuenta como periodistas, que a veces los contratistas no tienen el perfil adecuado, o que fueron contratados por recomendación, o que simplemente a través del contrato se están pagando favores políticos”.

 

Más aún, como lo afirma Gómez, las modificaciones en los presupuestos locales son lo más lógico en casos como estos, siempre y cuando se realicen de buena manera y con el fin de mitigar la emergencia: “Pero el problema es que esos presupuestos muchas veces son utilizados para beneficios particulares. Vemos a diario casos de sobrecostos, contratistas que no cumplen con el cometido, o incluso una clase política local que maneja el poder y usa el presupuesto para aprovechamiento propio”.

 

A diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, la Agencia de Contratación Pública de Colombia, habilitó una plataforma para que la ciudadanía puedan revisar en tiempo real cada contrato. Sin embargo, los datos consignados allí no se pueden descargar -a pesar de que se puede hacer mediante la página web de datos abiertos del gobierno- y sólo podrían conocerse sus adiciones y modificaciones una vez finalizados.

 

El análisis de los datos, realizado en el marco de esta investigación regional coordinada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (PALTA), arrojó resultados sobre los más de 37 mil contratos firmados desde el 17 de marzo en Colombia. Algunos de ellos por parte de distintos hospitales que destinaron pequeñas adjudicaciones para la compra de productos farmacéuticos, medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de detección del virus. 

 

Entre ellos los contratos firmados por el Hospital General de Medellín, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, El Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios del Quindío, entre otros, con Abbott Laboratories. El medio Noticias Uno reveló en su emisión del 26 de abril que algunas de las pruebas de este laboratorio podrían dar falsos resultados en determinadas condiciones de uso.

 

El gobierno anunció durante la declaración del Estado de Emergencia que la oferta de las unidades de cuidado intensivo para adultos se incrementaría en cerca del 10% de su capacidad actual. También anunció la expansión del área de aislamiento a través de la habilitación de habitaciones en hoteles. El total de gastos de recursos se estimó de 4 billones 900 mil millones de pesos (mil 211 millones de dólares estadounidenses). Además se adicionó al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación una suma de 18 billones 350 mil millones pesos (4 mil 535 millones de dólares estadounidenses).

Contratos de alimentación

La emergencia sanitaria implicó también modificar el marco legal del Programa de Alimentación Escolar, pero también asignar ayudas alimentarias a los sectores más vulnerables de la población. Cada distrito, municipio o departamento, puede durante la emergencia distribuir una suma de kits de alimentos de acuerdo con ciertos indicadores de pobreza. Productos entre los que se encuentra aceite, arroz, harina de trigo, pasta y lenteja.

Sin embargo, en este tiempo han aparecido varias denuncias por corrupción en esas  contrataciones. Otro reportaje de Noticias Uno reveló presuntos sobrecostos en estos kits de alimentación que gobernaciones y alcaldías entregan a la población vulnerable. 

Uno de los contratos, por ejemplo, es el que realizó la alcaldía de Girón, ubicada en el departamento de Santander.  Se trata de una compra de 20 mil kits de alimentación por un costo de 1400 millones de pesos (342 mil dólares estadounidenses con cambio el día de firma del contrato). Es decir, cada kit a 70 mil pesos (17 dólares). Sin embargo, los precios para los mismos productos del kit, según el precio suministrado en el Departamento Administrativo de Estadísticas (DANE) tienen un monto de 53 mil pesos (12 dólares). Este caso expone que el contrato tuvo un sobrecosto del 32%. 

Durante este tiempo, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado procesos disciplinarios contra 123 contrataciones, estimadas en 2 billones de pesos. Estos son algunos casos identificados por otros medios de irregularidades en los contratos.

Mercado internacional

Otra de las medidas dispuestas durante la emergencia es la posibilidad de contratar personas extranjeras naturales o jurídicas, que no requieren de domicilio ni sucursal en Colombia -ni apoderados legales-. En contraste el Decreto 462 prohíbe la exportación y la reexportación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria por COVID-19 y regular su distribución y venta en mercado interno. Esto con el fin de prevenir o remediar la escasez de los productos esenciales para la salud de toda la población en el territorio nacional colombiano y además garantizar su distribución prioritaria a las entidades de orden estratégico.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación Electoral (MOE) han alertado sobre procesos irregulares en los contratos de comunicaciones durante esta emergencia, y solicitaron restringir la autopromoción de los mandatarios. Al analizar 2.128 piezas de los contratos, la investigación se encontró que el 58% eran informaciones de autopromoción y propaganda hacia los funcionarios y sus administraciones. Estas piezas carecían de elementos informativos o de política pública relevantes para la ciudadanía. 

Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran La Diaria de Uruguay, OjoPúblico de Perú, Datasketch de Colombia, La Nación de Argentina, PODER de México y OjoConMiPisto de Guatemala y El Faro de El Salvador. Apoyada en parte por Hivos y Open Contracting. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta.

Foto: Nik Anderson. Marzo 18 de 2020. CC-BY. http://www.vperemen.com

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Juliana Galvis

Juliana Galvis

@GalvisNieto

Politóloga. Actualmente lidera el desarrollo de la base de datos de las conexiones de poder político en Colombia y otros países.