En Cartagena, Colombia se llevó a cabo la Mesa Redonda de Organizaciones de la Sociedad Civil de la que Datasketch hizo parte, en el marco de la Conferencia Regional Anticorrupción para América del Sur y México, que contribuyó a la Aceleración de la Implementación de la UNCAC (United Nations Convention against Corruption) en América Latina, en la Mesa Redonda 24 organizaciones nos reunimos a discutir y plantear recomendaciones que pudieran plantearse a los Estados para el avance de la lucha contra la corrupción en la región. Para revisar el documento completo da click aquí.
En el documento, se consignaron cuatro recomendaciones transversales en las que se pide especial atención por parte de gobiernos, empresas y sociedad civil por igual para el tratamiento de la lucha contra la corrupción en la región:
1. Los Estados no han garantizado de forma eficaz el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, argumentando reservas más allá de las establecidas en los estándares interamericanos y universales, no haciendo efectivo el principio de publicación activa de información o negando el acceso a información que legítimamente tiene carácter público. Asimismo, el efectivo ejercicio del derecho a la libre expresión necesita que los Estados promuevan la protección efectiva a periodistas, activistas y reportantes.
2. Es necesario que en la región se implementen modelos de gestión de la información abiertos e interconectados de beneficiarios reales, declaraciones juradas de interés, declaraciones juradas de bienes, trayectoria de los servidores públicos y; por el otro lado, registros de proveedores y contratistas del Estado, beneficiarios de los procesos de licitación o invitación directa como los contratos. La publicación de estos registros es un elemento mínimo para garantizar el efectivo goce del derecho de la ciudadanía a acceder a información pública. Se requiere además de información abierta y reutilizable, la interconectividad/interoperabilidad de los datos para que este derecho pueda ser ejercido de forma integral.
3. La independencia e integridad del poder judicial y los organismos de control es la base del Estado de Derecho y de la efectiva protección del entorno para el ejercicio de las libertades fundamentales. Son por demás necesarias para sacar adelante cualquier esfuerzo contra la corrupción. Observamos por esto con preocupación que en muchos países hay signos de corrupción y falta de independencia de las autoridades que deben perseguir o sancionar casos de corrupción como: contralores, procuradores, jueces, fiscales y policía.
4. El compromiso de los Estados en el combate a la corrupción no puede quedarse en actos declarativos. Es necesario que sus esfuerzos en el marco de la lucha contra la corrupción y la aplicación de la UNCAC se traduzcan en acciones concretas y medibles. En este sentido, deben desarrollarse métricas que permitan registrar los avances de acuerdo a categorías e indicadores de progreso claramente definidos. La implementación de un sistema de estas características permitirá la estandarización de la información relativa a mejoras y habilitará mejores posibilidades para la evaluación y monitoreo de los procesos.
Bajo estos temas transversales se hace un llamado a los Estados en avanza en materia de:
1. SISTEMAS DE INTEGRIDAD PÚBLICA
La creación de sistemas de integridad pública coherentes, que no sean creados solo por cumplir requisitos, sino que se comprometan con desarrollar una cultura de probidad en el ejercicio la función pública.
2. PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES, TESTIGOS Y REPORTANTES
Creación e implementación de políticas públicas, marcos legales y mecanismos independientes que implementen y otorguen protección activa y efectiva a denunciantes, testigos y reportantes. Además se considera de vital importancia incluir a la sociedad civil en estos procesos para contribuir a su efectividad.
3. COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL
Involucrar a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil para proveer evidencia y ejercer un adecuado control social de los procesos de cooperación judicial internacional en casos de corrupción y que la cooperación internacional obtenga una real independencia y fortaleza de los poderes judiciales y órganos de control e investigación judicial.
4. RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS
Es necesaria la existencia de programas de cumplimiento obligatorios para las personas jurídicas, especialmente a empresas que contratan con el Estado. A su vez, deben existir programas de integridad para personas jurídicas de especial interés público como son los partidos políticos y las empresas públicas o con participación estatal mayoritaria. Esto debe ser coherente con el tamaño y los riesgos de corrupción, de modo que el cumplimiento de las normas no se conviertan en un obstáculo para el efectivo cumplimiento.
Las organizaciones que participaron de la Mesa Redonda de Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de la Conferencia Regional para América del Sur y México fueron las siguientes:
Fundación Poder Ciudadano, Argentina
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, FUNDEPS, Argentina
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Argentina
Fundación Construir, Bolivia
Fundación Jubileo, Bolivia
Fundación para el Desarrollo Participativo Comunitario, Bolivia
Instituto Brasilero de Governanza Corporativa, Brasil
Transparency International Brazil, Brasil
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral - MCCE, Brasil
Chile Transparente, Chile
Asociación Chilena de Voluntarios, Chile
Datasketch, Colombia
Corporación Transparencia por Colombia, Colombia
Instituto Kroc, Colombia
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador
Transparencia Mexicana, México
FUNDAR, México
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, Paraguay
Semillas para la Democracia, Paraguay
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, Perú
Proética, Perú
Instituto Prensa y Sociedad, Perú
Asociación Civil Transparencia, Perú
Comisión Uruguaya de Lucha Contra la Corrupción (Uruguay Transparente), Uruguay